El Cabildo de Tenerife ha aprobado en pleno, el 26 de julio, una moción de Coalición Canaria y el Partido Popular en la que pide al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que impulse la regulación y régimen retributivo de la energía geotérmica. Este acuerdo insta al Estado a que establezca la normativa que permita la regulación y régimen retributivo de la energía vertida desde dispositivos de almacenamiento vinculados con parques generadores de energías renovables.

En la moción se requiere al Ministerio a que lleve a cabo una regulación que reconozca costes de operación y amortización de estas inversiones, protocolos de funcionamiento e integración en la red y requisitos para el reemplazo y reciclaje al final de su vida útil, junto con el desarrollo de sistemas de hibridación en parques existentes y por implantar. Así, buscan promover una tramitación administrativa y ambiental de estos proyectos de manera eficiente, que cumpla con la normativa vigente y facilite “cumplir los plazos de ejecución establecidos por las convocatorias de ayudas fijados para enero de 2026, garantizando la transparencia y la legalidad en cada etapa del proceso”, reza el texto del acuerdo.

Desde el Cabildo de Tenerife aseguran que la geotermia “por su carácter renovable y constante las 24 horas y los 365 días del año, se plantea como una opción de gran relevancia en las Islas. Es la energía renovable más eficiente, con menor huella y con gran potencial en el archipiélago canario por sus condiciones geológicas”.

Asimismo, defienden que, exceptuando en proyectos piloto, “las tecnologías de almacenamiento e hibridación no se han desarrollado en Canarias” por la ausencia de normativa que regule uso y retribución, igual que ocurre con la normativa que regule una retribución en la geotermia y que reconozca la tarifa asociada a su generación y asegure una retribución razonable acorde a los elevados costes y riesgo asociado. Recomiendan “tomar como ejemplo las tarifas de retribución para proyectos geotérmicos en áreas donde se han instalado por primera vez estos costosos proyectos y que ya cuentan con normativa asociada a esta tecnología”.

Este acuerdo se enmarca en el objetivo de descarbonización del territorio. Según fuente populares y nacionalistas, el escollo para la rápida implantación de proyectos que avancen en esta meta está relacionado con la falta de desarrollo de una normativa que lo posibilite. En todo este proceso, consideran fundamental involucrar al sector vinculado, con el fin de conocer la estructura de costes de operación e inversión asociada.